El motivo fundamental de esta suspensión es que la Orden Transitoria ECU/1254/2026 del 18 de agosto del Gobierno de Aragón, relativa a la organización de las salidas del alumnado fuera de los centros educativos, no responde a las demandas del profesorado que llevaron a suspender las actividades el curso pasado, y no mejora las circunstancias de desarrollo de las mismas ni las condiciones de seguridad jurídica del profesorado, por varios aspectos entre los que destacamos como fundamentales los siguientes:
- Aunque la Orden recopila la normativa existente sobre actividades extraescolares, dispersa hasta ahora en diversos textos legales (lo cual agradecemos), no introduce ninguna novedad legislativa ni jurídica, tal y como se indica en su preámbulo, por lo que no se modifica ni la responsabilidad legal y penal del profesorado, ni nuestra seguridad jurídica al participar en estas actividades.
- Se asigna la elaboración de los protocolos que establezcan las medidas y actuaciones que deben tomar centros y docentes en estas actividades exclusivamente a las direcciones de los centros y los propios docentes, que carecemos de la formación necesaria para hacerlo de manera eficaz y segura. Como en todos los ámbitos, la prevención de riesgos, valoración de las circunstancias y posibles contingencias, y propuesta de medidas de actuación consecuentes, deberían ser realizadas por la Administración, contando con profesionales y personal cualificado para ello. No tiene ningún sentido que tengamos que realizarlos personas sin formación en este ámbito, que difícilmente podremos hacerlo de manera adecuada por carecer de los conocimientos necesarios y que probablemente podamos incurrir en equivocaciones, inexactitudes u omisiones, evidentemente no malintencionadas, pero que podrían ser consideradas “negligencia “ o incluso “dolo” si llegan a acarrear consecuencias negativas o daños en la práctica. Equipos directivos y docentes no podemos asumir la responsabilidad personal, profesional y jurídica que todo esto conllevaría.
- La Orden mantiene la misma situación de inseguridad jurídica del profesorado que existía previamente, y que puede acarrear graves consecuencias personales y patrimoniales por la participación en estas actividades, como demostró el caso de los dos compañeros del IES Ítaca procesados sin el respaldo jurídico de la Administración.
- La Orden deja parte de la seguridad de estas actividades a la contratación de seguros privados que centros y/ o familias deben pagar, lo que podría comprometer el principio de equidad.
- Asimismo, establece varios puntos con muchos inconvenientes en su aplicación práctica, como la decisión sobre la participación de alumnado con características especiales (que de nuevo se deja en manos de los centros, cuando sería necesario el respaldo de servicios especializados) o las condiciones de retorno forzoso del alumnado.
- La Orden burocratiza enormemente el proceso de planificación, organización y desarrollo de estas actividades, sin que esta burocratización suponga un aumento real y efectivo de la seguridad y las garantías de las mismas.
Por todo ello, para poder retomar la organización y desarrollo de actividades extraescolares y complementarias fuera del centro con acompañamiento del profesorado, consideramos necesario reclamar a la Administración Educativa:
- El establecimiento de protocolos para el desarrollo de estas actividades por parte de la Administración, contando con personal especializado y cualificado que garantice su idoneidad y seguridad, protocolos básicamente comunes para todos los centros (aunque pudieran ser adaptables en algunos detalles o aspectos concretos), conocidos y asumidos por todos los miembros de la comunidad educativa implicados en cada actividad, que funcionen como normas y guías de actuación, y como garantía jurídica y referente para establecer si una posible actuación u omisión del profesorado puede ser considerada “negligencia” o “dolo”, con sus consiguientes consecuencias jurídicas.
- El establecimiento de mesas técnicas de trabajo previas a la redacción y publicación de la Orden definitiva, en las que tengan cabida y sean debatidas las aportaciones y demandas de los docentes, que somos quienes vamos a llevar a cabo las actividades extraescolares.
Queremos resaltar que en el Claustro del IES Benjamín Jarnés estamos muy comprometidos con el valor y la importancia de las actividades extraescolares y complementarias para la formación de nuestro alumnado, y precisamente por ello creemos que es imprescindible conseguir un marco regulatorio que garantice su idoneidad y la seguridad `personal, profesional y jurídica de todos y todas los que en ellas participan, incluido el profesorado que se encarga de su planificación, de su desarrollo y del acompañamiento, supervisión, guarda y custodia del alumnado, de manera voluntaria, altruista y sin recibir ningún tipo de remuneración ni reconocimiento por este trabajo. Por ello, pedimos a los afectados por esta suspensión, especialmente a alumnado y familias parte de nuestra comunidad educativa, su comprensión y su apoyo en esta medida que solo persigue poder continuar realizando estas actividades contando con las circunstancias adecuadas y las garantías necesarias para ello.
Por último, compartiendo y respetando el dolor de la familia afectada, queremos manifestar y reiterar nuestro apoyo y solidaridad con los dos compañeros del IES Ítaca procesados, cuyo caso ha evidenciado lo insostenible e inadmisible de la situación en que estas actividades se venían desarrollando hasta ahora.
En Fuentes de Ebro, a 17 de septiembre de 2026
Claustro de profesores y profesoras del IES Benjamín Jarnés